Se ha tenido conocimiento de la circulación de correos electrónicos fraudulentos dirigidos a candidatos y licitadores que participan en procedimientos de contratación pública, en los que se suplanta la identidad de la Administración, con objeto de que la empresa adjudicataria aporte datos y documentos referentes a la formalización del contrato (certificados, información bancaria, etc.) y la envíe al Responsable de la Intervención Municipal para ser objeto de revisión.
Estos mensajes presentan una apariencia que pretende hacer creer al destinatario que la comunicación procede de la Administración contratante.
Ante esta situación, se recomienda extremar las precauciones y adoptar las siguientes medidas:
- Comprobar cuidadosamente la dirección de correo electrónico del remitente, prestando especial atención al dominio utilizado y a posibles variaciones o modificaciones del nombre oficial de la Administración.
- No facilitar datos, documentos ni información sensible en respuesta a un correo cuya autenticidad no haya sido previamente verificada.
- No acceder a enlaces ni descargar archivos adjuntos incluidos en mensajes sospechosos.
- Verificar la comunicación por canales oficiales e independientes, utilizando los datos de contacto que figuren en la página web oficial de la Administración, en el perfil de contratante o en la documentación del procedimiento, y no los teléfonos o enlaces proporcionados en el propio correo sospechoso.
- En caso de tratarse de un contrato adjudicado, contrastar directamente con el órgano de contratación que la solicitud de documentación corresponde efectivamente a una actuación vinculada con la formalización del contrato.
- Conservar el correo recibido, sus archivos adjuntos y, en su caso, las cabeceras o información técnica del mensaje, especialmente si existen indicios de fraude, para facilitar su eventual investigación.
Las Administraciones Públicas disponen de canales oficiales y procedimientos establecidos para las comunicaciones relacionadas con los expedientes de contratación, por lo que cualquier solicitud inusual de documentación, especialmente cuando implique datos sensibles o información bancaria, debe ser objeto de comprobación previa.